SCJN LA CORTE SIGUE AVERGONZANDO

Indignante decisión de la Corte
Julio Pomar

Sección: | Publicación: 29.06.2007

Simplemente indignante. Es lo que se puede decir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (que más parece de ellos, los ministros, y no de la Nación) de posponer -en rigor sobreseer, cancelar- la demanda social de que sea sometido a juicio político el gobernador Mario Marín Torres, por su activa complicidad en la ilegal y arbitraria persecución de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, por haber esta digna periodista denunciado la red de pederastas que opera en el sureste de México, con sede en la ciudad turística de Cancún.
Es indignante la decisión de la Corte porque bajo el pretexto de que no hay un reglamento de la comisión especial interna nombrada para estudiar el caso de Lydia Cacho y los pederastas, prácticamente dio carpetazo al asunto. Una supuesta cuestión de trámite legal fue antepuesta por la Corte a cualquier consideración de justicia hacia Lydia Cacho, una periodista valiente, y sobre todo, hacia los cientos o miles de niños que han sido abusados por los pederastas organizados de México.
Es indignante porque no les bastaron cinco meses de investigaciones sobre la comprobada complicidad activa del gobernador de Puebla, Mario Marín, y de los funcionarios locales y de Quintana Roo encargados de hacer justicia, que en el caso de Lydia Cacho no la hicieron, sino que perpetraron la injusticia, la ilegalidad y el abuso.
Es indignante porque a los ministros de la Corte (por 8 votos contra 3) les faltaron agallas, se les estremecieron las corvas, para someter a juicio político a un gobernante por primera vez en la historia de México, tras de que la investigación de su propia Comisión Especial, encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza, demostró hasta la saciedad los hechos delincuenciales en que incurrió el gobernador poblano Mario Marín.
Y es indignante, por último, porque la Corte le dio carta de registro, una vez más, a la impunidad en la violación de la ley, de que tanto se llenan la boca quienes dicen defender, desde el Poder Judicial, el que llaman “estado de derecho”. ¿Cuál estado y cuál derecho? ¿A qué quieren que llegue México con estas decisiones esos ocho ministros de la Corte?